El derecho de acceso a la información es fundamental para el buen funcionamiento y fortalecimiento del sistema democrático de cualquier gobierno. Por eso, el uso de herramientas tecnológicas puede ser crucial para permitir un sistema judicial transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía.
De esa manera, el Estado tiene la obligación de garantizar y organizar el aparato estatal. Cuidar para que grupos vulnerables, como personas con pocos recursos, inmigrantes o discapacitados, también puedan ser usuarios del sistema informatizado.
El uso de sistemas automatizados
Buenas prácticas del uso de la tecnología son identificadas en diversos países. Por ejemplo: servicios de comunicación a través de podcasts sobre innovaciones legislativas y tendencias jurisprudenciales (Brasil); sistema de decisiones de tribunales que notifica diversas instituciones de manera electrónica (Finlandia); sistema de videoconferencia en los procedimientos judiciales incluyendo lugares remotos (Inglaterra); sistema de procesos electrónicos con aplicaciones informáticas para abogados, procuradores, jueces y fiscales (Portugal); servicio de extracto electrónico que permite a los usuarios solicitar copias de sus causas (Singapur); entre otros.
En general, el uso de la tecnología se puede volver valioso para la reducción de tiempo y de papel. Además, es de suma importancia para que una mayor cantidad de personas tenga acceso a la información de manera simple y transparente.
