El derecho informático es una rama prácticamente nueva en el mundo jurídico, por lo que hemos preparado este contenido donde explicaremos en detalle qué es, qué abarca y las principales normativas internacionales sobre este tema.
¡Siga hasta el final!
Derecho informático: ¿Qué es esta novedosa rama jurídica?
El derecho informático es el cuerpo de leyes que se ocupa de los datos electrónicos; abarca la transferencia, el uso y el almacenamiento de cualquier dato digital.
En otras palabras, la ley informática es la norma que se enfoca en las computadoras y otros dispositivos electrónicos que pueden almacenar y transmitir información en el ciberespacio.
Es una rama del saber jurídico que considera a la informática como instrumento y objeto de estudio.
Su objeto principal es regular, a través de diversas leyes y reglamentos, la informática en sus múltiples aplicaciones, tales como:
- procesamiento de datos;
- transmisión de contenidos;
- comunicación a distancia;
- inteligencia artificial y cualquier otra forma de incorporación de datos.
De esta forma, el derecho informático dirige su atención a diversas áreas que generan grandes implicaciones sociales, económicas y culturales, entre ellas: derecho de autor, delitos informáticos, responsabilidad civil por daños emergentes, derecho procesal informático.
Clasificación del derecho informático
Debido a la concepción del derecho informático, que considera a la informática como un instrumento y, al mismo tiempo, como un objeto de estudio, existe la siguiente clasificación:
Informática jurídica
Se refiere a la investigación y estudio de conocimientos informáticos generales, relacionados con la recuperación de datos jurídicos. Entre ellos, leyes, doctrinas, jurisprudencias y cualquier otra información de interés al respecto.
A su vez, se divide en:
- Informática jurídica documental: se ocupa básicamente de la recuperación y almacenamiento de textos jurídicos.
- Informática de control y gestión: se encarga de las actividades administrativas asociadas al ejercicio del derecho.
- Informática metadocumental: constituye un apoyo en la gestión de los sistemas expertos jurídicos, en términos de investigación y previsión jurídica.
Derecho Informático o computer law
Al computer law le corresponde, mediante la aplicación de leyes, normas y principios, dar un tratamiento especial a las repercusiones negativas que se originen como consecuencia de la implementación —o hecho— y uso de las Tecnologías de la Información (TI).
Se utiliza menos que la tecnología de la información legal porque, en general, los daños son menos importantes que los beneficios de las TI.
En este punto, es importante aclarar que las leyes son todos los ordenamientos jurídicos que existen, ya sean nacionales o internacionales, que versan específicamente sobre el hecho de la informática.
Los cuerpos normativos integran la política computacional desde un punto aparte de la legislación preestablecida, y los principios son los que surgen de los postulados de los jueces y demás expertos en la materia.
Por su parte, el hecho es la consecuencia de una acción imputable al ser humano, relacionada con la realización de la informática, y el acto es el resultado directo del uso de la informática, que es causado por el hombre.
Política y legislación
Existen dos conceptos muy relacionados con el conocimiento de lo que es el derecho informático, estos son: política y legislación informática. El primero es un conjunto de estándares que se utilizan para planificar el desarrollo de computadoras; mientras que el segundo es la regulación especializada en prevenir y corregir los daños causados por el uso inadecuado de las tecnologías de la información.
Así, la política de TI incluye aspectos tales como:
- La planificación, difusión y aplicación del hecho de TI;
- formulación de normas para la contratación de bienes y servicios de este tipo;
- gestión y control de las actividades relacionadas con la importación y exportación de equipos y software de TI;
- y cualquier otra actividad necesaria para garantizar el crecimiento y desarrollo de este importante sector.
Por su parte, la legislación informática cuestiona la normativa existente con el fin de estudiar su adecuación a los casos objeto de estudio o, por el contrario, establecer la necesidad de ampliar su cobertura.
Además, está atenta a la evolución de la jurisprudencia respecto de los casos que se plantean y, en su caso, crea nuevas normas de forma que rayen en las existentes.
4 hechos y actos jurídicos TI
Como ya hemos mencionado, el derecho informático dirige su atención a diferentes ámbitos, incluyendo:
1. Regulación legal de la información y protección de datos
La automatización de los procesos cotidianos lleva a la creación de bancos de datos digitales dentro de los sistemas de Justicia, integrados por registros de los ciudadanos, sus procesos y cualquier otra información relevante dentro de los procesos que son parte.
Por otra parte, el uso de formularios que contemplan el llenado y envío de datos personales a través de canales digitales constituye, hoy en día, una amplia fuente de información disponible que debe ser protegida.
Al respecto, es importante señalar que si bien los datos en sí no son vulnerables, pueden ser objeto de uso indiscriminado por parte de terceros, ocasionando alteraciones a los derechos fundamentales de la sociedad.
Para frenar y regular este tipo de situaciones, existen herramientas que garantizan la existencia de un régimen jurídico adecuado, entre ellas, la protección de los derechos humanos, personales y patrimoniales, las garantías individuales y sociales, etc.
2. Ordenamiento jurídico sobre el flujo internacional de datos e Internet
Como es bien sabido, los datos y la información en general pueden cruzar las fronteras entre países que son necesarios para su procesamiento, almacenamiento y recuperación.
Sin embargo, algunos gobiernos tienen limitaciones al respecto, lo que provoca un problema legal que puede ser solucionado a través del derecho informático.
Entre ellos, podemos citar el uso ilícito de los datos transmitidos al exterior, las tasas y gravámenes aplicables, los posibles atentados contra la soberanía de los países implicados, la revisión de las cláusulas de contratación de servicios informáticos, entre otros.
Además de las implicaciones negativas que pueden surgir del flujo internacional de datos, también hay implicaciones positivas que deben abordarse. Estos son:
- El fortalecimiento de la libre comunicación;
- mejora de los vínculos entre los derechos del hombre y los derechos fundamentales de la sociedad;
- y la promoción del progreso tecnológico.
Por su parte, la regulación jurídica de Internet trata de establecer normas para la interconexión de los servicios que intervienen en el tratamiento de la información a través de la red de redes, en especial las relativas a la unificación de las normas jurídicas existentes en esta materia.
3. Propiedad intelectual e informática
Se refiere a la protección jurídica de los programas informáticos y de los nombres de dominio.
En cuanto al primer aspecto, se puede decir que no existe una regulación clara que proteja a los creadores de contenidos de la incautación ilegal de información, el espionaje industrial y la competencia desleal, entre otros ataques contra la propiedad.
Sin embargo, se han realizado verdaderos esfuerzos para regular el cifrado de la información, como una forma de proteger los contenidos.
Por su parte, la protección jurídica de los nombres de dominio tiene por objeto resolver los conflictos relacionados con el registro de dichos nombres, los problemas de identidad y la forma de conectar los equipos a la red utilizando su propio nombre.
4. Ciberdelincuencia
La interconexión actual de las redes de comunicación y el gran aumento en el uso de los sistemas de información, lamentablemente, conducen a un mayor riesgo de ataques maliciosos contra dichos sistemas, entre ellos podemos mencionar:
- Acceso ilegal a la información;
- difusión de programas maliciosos;
- denegación de servicios;
- interceptación de comunicaciones;
- fraude informático;
- y reproducción ilegal de contenidos.
Así, el derecho informático, a pesar de la existencia de lagunas en esta materia, trata de ejercer el control administrativo, normativo y técnico necesario para reducir la ocurrencia de este tipo de delitos.
Del mismo modo, trata de orientar sus investigaciones hacia la correcta aplicación de las sanciones y la correspondiente penalización de los ciberdelincuentes, con el fin de disuadir al resto de la sociedad de practicar estas acciones tan lesivas para el desarrollo de la tecnología informática.
Legislación informática de la Organización de las Naciones Unidas
Es importante señalar que antes de la aparición de la tecnología digital en la sociedad, ya se estaban realizando verdaderos esfuerzos para proteger la información. Así consta en las primeras convenciones establecidas por la ONU.
Posteriormente, con la irrupción de los medios tecnológicos, el auge de los sistemas informáticos y la automatización de procesos, han sido muchos los intentos de regular las actividades derivadas del uso y comercialización de bienes y servicios informáticos, así como de proteger a los creadores y usuarios de sistemas informáticos en general.
De esta forma, encontramos la declaración de múltiples acuerdos por parte de la ONU. Entre los principales están los siguientes:
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, 1883, y sus posteriores revisiones.
- Convenio de Estocolmo sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1967.
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Acta de París de 1886 y sus posteriores revisiones y enmiendas.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
- Convención Universal sobre Derecho de Autor, 1952 y 1971.
- Tratado sobre derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996.
- Convenio sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, 2007.
- Asamblea General sobre avances en el campo de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional, 2009.
- Covid-2019, sobre la obligación de los gobiernos de promover y proteger el acceso y libre flujo de información durante la pandemia, 2020.
Finalmente, existe otra regulación que sigue siendo importante dentro del derecho informático. Se trata de la Norma ISO 27001, que trata aspectos relacionados con la informática, especialmente aquellos que permiten evaluar los riesgos y amenazas que se ciernen sobre los datos e información de las instituciones.
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